MAYO

Afirmar que «la agricultura debe ser vista como un negocio y no como una actividad tradicional o idealizada», como lo sostiene el ministro Ángel Manero, es desconocer cínicamente la realidad de la agricultura familiar en el Perú. El 80% de las unidades agropecuarias (UA) familiares tiene menos de 2 hectáreas y se ubican en los ecosistemas más frágiles de la costa, sierra y selva. Incluso el propio MIDAGRI los califica como “agricultores de subsistencia”, la mayoría de los cuales vive por debajo de la línea de pobreza.

Solo el 8% de las UA está dentro de la categoría de “agricultores consolidados”, con parcelas entre 5 y 10 hectáreas, mejor acceso a ingresos, infraestructura productiva y articulación al mercado.

Pretender que la agricultura familiar sea rentable sin garantizar condiciones básicas es un contrasentido. Para que estos agricultores puedan efectivamente hacer negocios, se requieren inversiones reales en proyectos de siembra y cosecha de agua, capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento organizativo y crédito adaptado a su realidad. Esto es justamente lo que plantea, en teoría, el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF), vigente desde 2019, pero que hasta la fecha no cuenta con los recursos necesarios para su implementación.

En contraste, las empresas de agroexportación —altamente rentables— sí reciben subsidios y beneficios tributarios, pese a que estos fondos podrían destinarse a impulsar verdaderamente a la agricultura familiar.

La política agraria no puede seguir ignorando las desigualdades estructurales del campo ni dejar de lado a quienes alimentan al país. La soberanía alimentaria y el desarrollo rural sostenible comienzan reconociendo el valor estratégico de la agricultura familiar, más allá de su rentabilidad inmediata.