– Opinión –
Día del Campesino: sostener el país y resistir el clima
Por: Lic. Cecilia Mendiola V.
Celebrar el día del campesino debería ser no sólo un homenaje a la titánica labor de alimentar a todo un país, sino un día que debería incomodarnos. Oculta en la celebración hay una verdad estructural incómoda: los agricultores familiares producen más del 70% de los alimentos que consumimos, pero lo hacen en condiciones de precariedad, abandono y creciente riesgo climático. Y dentro de ese universo, hay una figura aún más invisibilizada: la mujer campesina. No como apoyo, no como “acompañante”, sino como columna vertebral del sistema alimentario.
El campo que alimenta… pero no alcanza
La agricultura familiar peruana opera en una paradoja permanente. Produce la mayor parte de los alimentos, pero no logra salir de la pobreza. El minifundio fragmenta la tierra, la productividad es baja, los ingresos no compensan el esfuerzo y los jóvenes son expulsados a las urbes.
A esto se suma una brecha tecnológica persistente: falta de riego tecnificado, acceso limitado a insumos de calidad y escasa transferencia de conocimiento. El aislamiento rural y la precariedad de caminos refuerzan una cadena de intermediación que castiga al productor y encarece el alimento. El resultado es un sistema que funciona porque alimenta, pero que no es sostenible porque empobrece.
Cambio climático: el nuevo rostro de la desigualdad
El Perú es un país de escasos suelos agrícolas, con más de 60 000 pueblos dispersos en la dorsal andina, donde la agricultura campesina subsiste y persiste. Y si a esto se suma una estructura frágil, el cambio climático la está llevando al límite.
En la costa, la escasez de agua se intensifica por el retroceso de glaciares y la sobreexplotación de acuíferos, mientras la salinización degrada suelos agrícolas.
En la sierra, heladas atípicas, lluvias erráticas y sequías prolongadas rompen calendarios agrícolas construidos por generaciones. En la Amazonía, las plagas y lluvias extremas erosionan suelos y destruyen cultivos clave como el café y el cacao.
El cambio climático no es solo un problema ambiental: es un multiplicador de desigualdad territorial.
Mujeres campesinas: las que sostienen la resiliencia
En este escenario, las mujeres cumplen un rol crítico que sigue siendo subestimado. Son ellas quienes conservan semillas, diversifican cultivos, sostienen huertos familiares y garantizan la alimentación cotidiana. Son, en muchos casos, las principales gestoras del agua en el hogar y en la parcela. Y, sin embargo, enfrentan mayores barreras: menor acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y toma de decisiones.
Cuando el clima cambia, son las primeras en adaptarse. Ajustan calendarios, modifican prácticas, diversifican riesgos. No desde la política pública, sino desde el conocimiento acumulado. Pero hay un límite: no se puede seguir sosteniendo la resiliencia sobre la sobrecarga femenina.
El abandono institucional también es climático
El problema no es solo productivo o ambiental. Es político. La inestabilidad institucional, los constantes cambios en el sector agrario y la ausencia de estrategias de largo plazo debilitan cualquier intento de transformación. A ello se suma la falta de políticas diferenciadas para la agricultura familiar en contextos climáticos extremos.
No hay adaptación posible sin Estado. Y no hay política efectiva si no reconoce las desigualdades de género en el campo.
Lo urgente: del discurso a la estructura
Las soluciones están identificadas hace años: asociatividad, crédito accesible, inversión en riego, infraestructura rural y transferencia tecnológica. Pero falta algo clave: enfoque.
Se necesita una política agraria que:
- Reconozca a la agricultura familiar como sector estratégico.
- Incorpore el enfoque de género como eje, no como anexo.
- Entienda el cambio climático como un problema productivo, social y territorial al mismo tiempo.
- Invierta en capacidades locales, no solo en subsidios, sino como oportunidades especialmente para los jóvenes.
Y, sobre todo, que deje de tratar al campesinado como beneficiario y lo reconozca como actor económico central.
Más que un homenaje
Este Día del Campesino no debería ser solo una celebración. Debería ser un punto de inflexión y reflexión. El país que come gracias al campo no puede seguir dándole la espalda. Y porque si no ponemos en el centro a las mujeres que hoy sostienen la agricultura familiar frente al cambio climático, no estamos entendiendo ni un ápice de cómo funciona y cómo podría colapsar nuestro sistema alimentario.
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN 17 DE JUNIO
La tierra también se agota: desertificación y cambio climático en el Perú Por: Lic. Cecilia Mendiola V.
No solemos hablar de suelos. Hablamos de agua, de bosques, de minería, de crisis climática en general. Pero rara vez miramos hacia abajo. Y, sin embargo, ahí está una de las señales más claras de que algo no estamos haciendo bien.
En el Perú, cerca del 38% del territorio ya sufre degradación severa. Esto quiere decir que más de un tercio del país está perdiendo la capacidad de sostener vida, producir y mantener el equilibrio. Y no ocurre en lugares aislados: ocurre donde vive la gente, donde se cultiva, donde se construye economía.
Las causas son múltiples y conocidas. La desertificación afecta la costa Norte (Piura y Lambayeque) debido a la salinización de los suelos agrícolas por mal gestión del recurso agua, el mal drenaje y la deforestación de bosques secos (como algarrobales) que hace que las dunas avancen sobre los campos de cultivo. En la costa Sur (Ica, Moquegua y Tacna); la desertificación se expresa por la sobreexplotación de los acuíferos (uso intensivo de aguas subterráneas), el cambio climático y las sequías recurrentes, lo que deja extensas tierras improductivas.
En la sierra y vertientes occidentales, (Cajamarca, Apurímac, Huancavelica), se manifiesta básicamente por la erosión hídrica severa, el sobrepastoreo que elimina la cobertura vegetal, las pendientes empinadas, el sobrepastoreo y la quema de rastrojos, lo que desgasta los suelos.
En la Amazonía, el problema es la deforestación causada por la tala y minería ilegal, así como la agricultura migratoria, que aceleran la degradación ecológica, aunque difiere técnicamente del concepto de desertificación en zonas áridas pero convierten en zonas áridas bosques ubérrimos con el añadido que los suelos están gravemente contaminados. La deforestación sigue avanzando, muchas veces más rápido que nuestra capacidad de reacción.
El cambio climático agrava todo. No es un factor aislado: es el multiplicador del problema. Sequías más largas, lluvias más erráticas, temperaturas más altas. La tierra pierde capacidad de recuperarse justo cuando más presión recibe. Y, sin embargo, seguimos abordando el suelo como un tema secundario.
Aquí hay un vacío evidente. Así como el país cuenta con una Autoridad Nacional del Agua (ANA), resulta cada vez más urgente pensar en una Autoridad Nacional del Suelo: una entidad que ordene, articule y priorice la gestión sostenible del territorio, hoy dispersa y fragmentada. No es una idea teórica. Hay experiencias concretas, y medibles, que muestran que cuando el suelo se gestiona como política de Estado, los resultados cambian.
España, por ejemplo, ejecuta su Programa de Acción Nacional contra la Desertificación con sistemas de monitoreo y planificación territorial. Solo en restauración forestal y control de erosión, el país ha invertido miles de millones de euros en las últimas décadas, logrando reducir la pérdida de suelo en varias cuencas críticas del sureste.
En China, el caso es aún más contundente. El programa “Grain for Green” ha invertido más de 100 mil millones de dólares desde su inicio y ha permitido restaurar más de 30 millones de hectáreas de tierras degradadas. El impacto ha sido visible: reducción significativa de la erosión y hasta una disminución en la frecuencia de tormentas de polvo en regiones históricamente afectadas.
En América Latina, México, a través de Sembrando Vida, moviliza alrededor de 1,500 millones de dólares anuales, trabajando con más de 400 mil agricultores y cubriendo cerca de un millón de hectáreas en procesos de reforestación y recuperación productiva. Es una de las intervenciones rurales más grandes de la región.
En África, la Gran Muralla Verde plantea restaurar 100 millones de hectáreas al 2030, con una inversión estimada superior a 30 mil millones de dólares. Países como Senegal ya han recuperado más de 15 millones de hectáreas, generando empleo rural y mejorando la seguridad alimentaria en zonas extremadamente vulnerables.
Y en Europa, la Estrategia de Suelos 2030 establece metas concretas: que todos los suelos estén en buen estado para ese año, con sistemas obligatorios de monitoreo y financiamiento verde destinado específicamente a restauración. Es un cambio de enfoque: el suelo ya no es un tema técnico, es un tema estratégico.
El patrón es claro: donde hay institucionalidad, inversión sostenida y metas claras, hay resultados.
El reto en el Perú no es menor. Frenar la degradación y recuperar suelos implica cambiar prácticas productivas, mejorar la gestión del agua y fortalecer capacidades en quienes trabajan directamente la tierra. Los pequeños agricultores no son el problema: son parte de la solución, pero necesitan herramientas, conocimiento y políticas coherentes.
También hay señales positivas. Experiencias de agricultura agroecológica, recuperación de semillas nativas, uso de microorganismos para restaurar suelos y proyectos de reforestación vienen mostrando que sí es posible revertir tendencias. Pero siguen siendo esfuerzos fragmentados frente a la magnitud del problema.
Quizá lo más complejo de la desertificación es su carácter silencioso. No genera titulares inmediatos, pero avanza todos los días.
Por eso, el 17 de junio no debería ser solo una fecha simbólica. Debería servir para replantear prioridades. Para entender que sin suelo no hay agricultura, sin agricultura no hay seguridad alimentaria y sin eso no hay futuro posible.
La pregunta ya no es si debemos actuar. Es cuánto más vamos a esperar para tomarnos el suelo en serio.
Por el día Internacional de la Papa La papa: cambio la vida y modelo el ADN de los pueblos andinos
Lic. Cecilia Mendiola V.
La papa no es solo un alimento en el Perú, es historia, identidad y biología. Durante miles de años, las comunidades andinas domesticaron y cultivaron cientos de variedades que sostuvieron sociedades en alturas extremas; esa relación íntima dejó huella también en nuestro genoma.
La investigación (publicada en la revista Nature) revela que se analizaron 3 723 muestras de ADN de 85 poblaciones y se encontró que la dieta ancestral permitió a las comunidades adaptarse a la altitud y a las condiciones climáticas extremas. Se determinó que las poblaciones nativas de los Andes peruanos presentan un mayor número de copias del gen AMY1, el responsable de producir la amilasa salival, la enzima que inicia la digestión del almidón desde el primer bocado.
Esto quiere decir que a más copias de AMY1 significa más amilasa en la saliva que facilita la digestión de dietas ricas en almidón, como la basada en papa. Esto constituye una ventaja evolutiva ya que al convertirse la papa en el alimento central hace unos 10 000 años, la selección natural favoreció a quienes podían extraer mejor la energía de ese tubérculo.
Es decir, estas personas que presentaban naturalmente más copias de este gen lograban digerir y aprovechar mejor la energía de la papa en el entorno extremo de los Andes. Esto les otorgó una ventaja crítica para sobrevivir y reproducirse. Actualmente, las poblaciones de esta región poseen en promedio unas \(10\) copias de este gen, muy por encima del resto de las poblaciones mundiales.
La papa como motor social y ecológico
La capacidad de la papa para almacenar energía bajo tierra permitió asentamientos estables en alturas donde otros cultivos no prosperan. Esa seguridad alimentaria fue clave para el desarrollo de culturas andinas y para la enorme diversidad de papas nativas que hoy celebramos: más de 3 000 variedades que son patrimonio agrícola y cultural.
Mirar un plato de papa es leer una historia larga: de domesticación, de ingenio campesino, de resistencia climática y de cambios biológicos que nos acompañan hasta hoy. La ciencia confirma lo que la memoria cultural ya sabía: la papa no solo alimentó cuerpos, también ayudó a moldearlos. Celebremos ese vínculo con respeto por la biodiversidad y curiosidad por lo que aún nos puede enseñar.
30 de mayo 2026
DIA MUNDIAL DE LAS ABEJAS
Nuestras aliadas en la seguridad alimentaria y salud ambiental
Por: Lic. Cecilia Mendiola V.
En el año 1734 nació Anton Jansa, un esloveno padre de la apicultura moderna y es su patria la que propone a las Naciones Unidas crear un día para recordar el rol que cumplen las abejas en el mundo.
Las abejas sostienen la seguridad alimentaria y la salud ambiental, son claves para asegurar los alimentos; sin embargo, la pérdida de polinizadores reduce entre un 3 a 5% la producción global de frutas, verduras y frutos secos. Además, se estima que se producen unas 427 000 muertes anuales de humanos por dietas empobrecidas.
En el Perú la evidencia científica y los registros oficiales son escasos y fragmentados por lo que urge un monitoreo nacional y entrevistas de campo con apicultores para diseñar políticas agroecológicas.
La evidencia que no podemos ignorar
La literatura científica reciente vincula directamente el declive de polinizadores con pérdidas en producción agrícola y aumento de enfermedades humanas.
Es importante mencionar que existen revisiones internacionales y evaluaciones intergubernamentales que subrayan que la polinización animal es un servicio ecosistémico crítico para la reproducción de plantas silvestres y cultivadas, y que su declive afecta la resiliencia de paisajes y la seguridad alimentaria.
Qué encontramos en Perú
Las fuentes académicas y redes técnicas indican que no existe un registro público consolidado y anualizado de mortalidad de colmenas a escala nacional; los datos suelen estar en manos de asociaciones regionales y de SENASA.
Por otro lado, los polinizadores y en especial las abejas, enfrentan factores de riesgo como son la expansión de los monocultivos, el uso extenso de plaguicidas sistémicos en floración; las enfermedades apícolas y eventos climáticos extremos que desincronizan la floración y la actividad de los polinizadores.
Se requieren estrategias y programas para proteger a los polinizadores como existen en otros países. Por ejemplo, un sistema nacional de monitoreo de polinizadores con datos abiertos y series temporales. La prohibición o restricción de plaguicidas sistémicos durante la floración hasta evaluar los riesgos locales y mapas de exposición a plaguicidas para priorizar intervenciones; y finalmente incentivar prácticas agroecológicas como setos florales nativos, rotación y mosaicos de cultivos.
Proteger a las abejas es una política de salud pública y seguridad alimentaria.
En el Perú, la apuesta por las compras públicas a la agricultura familiar es, sin duda, una de las políticas más prometedoras para cerrar brechas rurales. La Ley N.° 31071, que establece una cuota mínima del 30% de compras estatales de alimentos a pequeños productores, va en la dirección correcta: usar el poder de compra del Estado para dinamizar economías locales. Sin embargo, a pesar de casi cuatro años de promulgada la norma, un estudio realizado por FOVIDA, muestra que su alcance es muy limitado (compras esporádicas, montos muy limitados) debido a las interminables barreras institucionales tanto a nivel de la producción y venta como de la adquisición, en manos de las instituciones y programas sociales.
Además, las compras se hacen bajo la Ley de Contrataciones del Estado, que no prioriza a la agricultura familiar ni reconoce sus particularidades y, sus procedimientos, están diseñados para grandes volúmenes y grandes montos.
Por otro lado, la complejidad para cumplir las exigencias de los organismos competentes de la sanidad agraria (SENASA) son barreras que el pequeño agricultor familiar no puede sortear.
El Estado (MIDAGRI) debería brindar asistencia técnica a la pequeña agricultura para poder competir en el mercado de las compras estatales de alimentos. En este aspecto, la labor de los gobiernos locales es primordial ya que apoyando a los pequeños agricultores con asesoramiento técnico para conformar los COMPREAGRO impulsarían su acceso a los mercados. Pero la realidad muestra que la mayoría de los municipios no han creado ni tienen el personal idóneo para el apoyo técnico para conformar los COMPRAGRO.
Por eso la discusión ya no debe centrarse únicamente en la norma, sino en su capacidad de generar resultados. Y para ello, mirar experiencias en otros países no solo es útil, sino necesario y nos referimos al caso de Brasil, que desde el año 2000 implementa políticas de compras públicas a la agricultura familiar a través de dos programas emblemáticos:
- el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA)
- el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)
El PNAE, por ejemplo, establece que al menos el 30% de los alimentos para alimentación escolar deben provenir de la agricultura familiar (FNDE, 2009). Una disposición similar a la peruana. Sin embargo, cuando se analizan los resultados, vemos que son absolutamente distintos.
Según la FAO, el PNAE alcanza a más de 40 millones de estudiantes y articula de manera sostenida a miles de organizaciones de productores (FAO, 2019). El PAA, por su parte, ha beneficiado a más de 300 mil agricultores familiares en distintos momentos de su implementación (IPC-IG, 2013).
La diferencia entre el modelo brasileño y peruano no está en el porcentaje. Está en el sistema que lo sostiene.
El problema no es la compra, es el modelo
En el Perú, las compras a la agricultura familiar suelen operar como un proceso administrativo: una entidad necesita alimentos, convoca, compra y paga. En Brasil, en cambio, las compras públicas forman parte de una política agraria más amplia y con otro enfoque. El Estado no solo compra sino que también: financia, planifica, acompaña la producción y fortalece las organizaciones. Es decir, convierte la demanda pública en una herramienta de desarrollo.
Cuatro diferencias que explican la brecha
- Pagos y financiamiento: la base de la confianza
El principal problema de las compras públicas para la agricultura familiar en Perú es la complejidad burocrática y los altos requisitos técnicos (certificaciones sanitarias, formalización, volumen de producción) que excluyen a los pequeños agricultores, a pesar de la existencia de leyes de prioridad. Esto se agrava por la falta de asistencia técnica para negociar con el Estado.
Puntos clave del problema:
- Barreras de Entrada: Exigencias de gran volumen, certificaciones de inocuidad (SENASA) y trámites digitales complejos que los pequeños agricultores no logran cumplir.
- Priorización de la Ley de Contrataciones: Se suele priorizar el precio bajo y la burocracia tradicional sobre la compra local directa, dificultando la inclusión de la agricultura familiar.
- Falta de asistencia técnica: Existe escaso soporte para que los productores se formalicen y cumplan con los estándares exigidos por programas estatales.
- Logística y descentralización: La falta de capacidad para organizar la producción familiar dispersa impide cumplir con los tiempos y cantidades de abastecimiento requeridos.
A pesar de las normas que buscan fomentar estas compras (como la Ley 31071), la implementación efectiva sigue siendo limitada, favoreciendo indirectamente a grandes empresas en lugar de pequeños agricultores locales.
En Brasil, los programas contemplan pagos ágiles e incluso mecanismos de anticipación, lo que reduce el riesgo para el agricultor (FAO, 2019). Sin liquidez, no hay participación sostenible.
Veamos cómo funcionan:
- PNAE (Programa Nacional de Alimentación Escolar):
- Obligatoriedad: La ley exige que al menos el 30% (aumentando gradualmente a 45% según normativas de 2025) de los recursos federales destinados a la alimentación escolar se utilicen para comprar productos de la agricultura familiar.
- Alcance: Llega a más de 150.000 escuelas públicas y sirve a unos 40 millones de estudiantes.
- PAA (Programa de Adquisición de Alimentos):
- Funcionamiento: Compra alimentos directamente a los agricultores familiares (sin licitación) y los destina a personas en situación de inseguridad alimentaria, restaurantes populares, prisiones y hospitales.
- Modalidad de Compra Simultánea: Prioriza la compra a grupos vulnerables y la donación simultánea de los alimentos.
- Compra Institucional (PAA-CI):
- Permite a órganos federales, estatales y municipales comprar alimentos directamente a agricultores familiares, con un límite de hasta R$ 20.000 (equivalente a 14,000 soles peruanos) anuales por agricultor familiar a cada institución.
Y cómo participar los pequeños productores en este sistema:
- Registro obligatorio: Los agricultores deben estar inscriptos en el Registro de Agricultura Familiar (anteriormente DAP, ahora enfocado en el CAF – Cadastro Nacional da Agricultura Familiar).
- Convocatorias Públicas: Las instituciones públicas (escuelas, hospitales) publican «chamadas públicas» (llamados públicos) para comprar productos. Los agricultores o sus cooperativas presentan sus proyectos de venta.
- Precios de mercado: Los precios deben ser compatibles con los precios locales, garantizando una remuneración justa.
- Priorización de género y diversidad: El nuevo PAA prioriza a mujeres agricultoras (asegurando al menos 50% de participantes), comunidades indígenas y tradicionales.
Los beneficios del modelo son claros: los agricultores aumentan sus ingresos hasta en un 106% según estudios realizados. Mejora la seguridad alimentaria ya que proporciona alimentos frescos y locales a las escuelas y comunidades vulnerables y, se reduce la intermediación. Al comprar directamente, el productor recibe un mejor precio y el Estado optimiza los recursos.
- Planificación articulada con la producción
En el Perú, las compras públicas muchas veces no dialogan con los ciclos agrícolas. Esto genera convocatorias desiertas o incumplimientos. Brasil, en cambio, articula la demanda pública con la planificación productiva local. En varios casos, los agricultores saben qué se les comprará incluso antes de sembrar. Esto reduce incertidumbre y mejora la oferta.
- Organización de productores como eje del sistema
Mientras en el Perú predomina la participación individual y fragmentada, Brasil ha apostado por fortalecer cooperativas y asociaciones. De hecho, el acceso a estos programas suele canalizarse a través de organizaciones, lo que permite asegurar volúmenes; mejorar calidad y facilitar logística.
- Logística e infraestructura: el eslabón olvidado
Uno de los mayores desafíos en el Perú sigue siendo la logística: transporte, acopio, almacenamiento. Brasil ha complementado sus políticas con inversiones y articulaciones territoriales que permiten que los productos efectivamente lleguen a destino. Sin logística, la compra pública se debilita.
Lecciones para el Perú: de la norma a la política pública
El Perú no parte de cero. Tiene una ley, un reglamento y un sistema en funcionamiento. Pero si se quiere que las compras públicas cumplan su verdadero rol, es necesario dar el siguiente paso. A partir de la experiencia brasileña, hay al menos cinco líneas de acción claras:
- Garantizar pagos oportunos y mecanismos de financiamiento. Sin esto, el sistema pierde credibilidad.
2.Planificar compras en función de campañas agrícolas. No se puede seguir comprando de espaldas al campo.
- Fortalecer organizaciones de productores. La asociatividad no es un complemento, es una condición.
- Invertir en logística rural. Centros de acopio, mejorar caminos; transporte y almacenamiento deben ser parte de la política.
- Integrar la compra pública a una estrategia agraria más amplia. Las compras no pueden operar aisladas.
Una decisión de política, no solo de gestión
Las compras públicas a la agricultura familiar no son simplemente un mecanismo de abastecimiento. Son una herramienta para construir un modelo de desarrollo más inclusivo. Brasil lo entendió hace más de dos décadas. El Perú tiene hoy la oportunidad de consolidar ese camino, aprendiendo de lo avanzado y corrigiendo lo necesario.
La pregunta ya no es si debemos comprar a la agricultura familiar. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer lo necesario para que esa decisión funcione en la práctica.
Referencias
- FAO (2019). Public food procurement from family farming: The Brazilian experience
- FNDE (2009). Lei da Alimentação Escolar (PNAE)
- IPC-IG (2013). Structured Demand and Smallholder Farmers in Brazil: The Case of PAA and PNAE
- Gobierno del Perú (2020). Ley N.° 31071 – Compras estatales de alimentos de la agricultura familiar
¿Quién controla lo que comemos? Transgénicos, poder corporativo y la ofensiva silenciosa en Europa
Por: Cecilia Mendiola V.
En mayo, una decisión regulatoria en la Unión Europea podría redefinir el futuro de la alimentación global. En el centro del debate está Bayer, su rol en el desarrollo y control de nuevas tecnologías genéticas aplicadas a semillas y cultivos.
Pero más allá del lenguaje técnico —“nuevas técnicas genómicas” (NGT)—, lo que está en juego es una pregunta mucho más profunda: ¿quién decide qué comemos?
La posible desregulación de nuevas semillas modificadas abre la puerta a patentes masivas en manos de corporaciones como Bayer. El debate ya no es solo científico: es quién controla los alimentos en una región clave como América Latina.
Con el llamado a la acción: Bayer: ¡no te acerques a nuestra comida!, las organizaciones vinculadas a los consumidores en Europa han lanzado una potente campaña para evitar que esta corporación controle las semillas y por tanto los alimentos y la seguridad alimentaria no sólo de Europa sino de América Latina. o
Los hechos concretos son que, en mayo, una decisión regulatoria en la Unión Europea podría redefinir el futuro de la alimentación global. En el centro del debate está Bayer y su rol en el desarrollo y control de nuevas tecnologías genéticas aplicadas a semillas y cultivos.
Más allá del lenguaje técnico – nuevas técnicas genómicas – lo que está en juego es una pregunta mucho más profunda: ¿Quién decide lo que comemos?
Las nuevas técnicas genómicas
La discusión actual en la Unión Europea no se centra en los transgénicos tradicionales (OGM), sino en una nueva generación de tecnologías como la edición genética como la denominada CRISPR. Estas técnicas permiten modificar plantas con mayor precisión, y sus defensores argumentan que podrían mejorar la resistencia a plagas y sequías; reducir el uso de pesticidas y adaptar cultivos al cambio climático.
Sin embargo, el punto crítico no es solo tecnológico, sino regulatorio y económico. La Comisión Europea evalúa flexibilizar las normas que actualmente exigen evaluación de riesgos, trazabilidad y etiquetado para estos productos.
Las patentes: el verdadero campo de batalla
El centro de este tema en realidad tiene que ver con la propiedad intelectual sobre las semillas. Empresas como Bayer, junto con otras del sector (Corteva, Syngenta), han invertido fuertemente en biotecnología agrícola. Su modelo de negocio depende en gran medida de patentes sobre semillas modificadas; cobro de licencias a agricultores y restricciones al uso, guardado e intercambio de semillas. Esto ya ocurre en varios países con cultivos transgénicos. El riesgo que señalan organizaciones de la sociedad civil es que la desregulación amplíe este modelo a nuevas semillas “editadas”.
No es exagerado pensar que un grupo de transnacionales “podría controlar el sistema alimentario” porque 1) el el mercado global de semillas está altamente concentrado; 2) un pequeño número de corporaciones controla gran parte de la investigación y comercialización, y 3) las decisiones regulatorias pueden reforzar o limitar ese poder. Y ahí está el meollo del asunto a estas alturas. Cuando se hacen análisis de competencia, las fusiones (como la compra de Monsanto por Bayer), han incrementado esta concentración.
Cuál sería el impacto para agricultura y consumidores?
Los agricultores tendrían una mayor dependencia de semillas patentadas; mayores costos por licencias y menor autonomía para guardar semillas.
En el caso de los consumidores habría una posible reducción en la transparencia si se elimina el etiquetado; mayor dificultad para elegir alimentos libres de modificación genética, y mayor distancia entre producción y control ciudadano.
Pero el punto crítico y uno de los aspectos más sensibles del debate europeo es si estos nuevos productos deberán ser evaluados como organismos genéticamente modificados (OGM) y llevar etiquetado obligatorio. Las propuestas de desregulación apuntan a reducir estos requisitos, lo que preocupa a organizaciones de consumidores. Porque hay que ser claros, sin etiquetado, no hay elección informada.
¿Por qué esta decisión debe importarnos a los peruanos y latinoamericanos?
Aunque es una decisión de Europa, sus efectos son globales. La Unión Europea suele marcar estándares internacionales, incluye en cuerdos comerciales e impacta en las políticas agrarias en los países exportadores y el Perú, así como Ecuador, por ejemplo, son grandes exportadores hacia la UE.
Por otro lado, en el Perú, donde existe una moratoria a los OGM y este tipo de cambios puede reabrir el debate bajo presión internacional.
El debate público suele polarizarse entre “pro ciencia” y “anti transgénicos”. Pero el eje más relevante es otro, este no es un tema científico, es un tema de poder. ¿Quién financia la innovación?, quién controla las semillas?, ¿quién define las reglas del mercado alimentario?
La decisión que se tomará en la Unión Europea no trata únicamente sobre genética vegetal, trata de regulación versus desregulación; interés público versus interés corporativo; transparencia versus opacidad.
¿Pero hay algo mucho más esencial, el futuro de los alimentos será un bien común o será un activo bajo licencia?
