La Amazonía y sus habitantes bajo amenaza
Las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vulneran los derechos humanos de los pueblos indígenas y el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible de todos nosotros
Hace unas semanas (12 de febrero) se celebró el día mundial de la Amazonía. La Amazonía comprende más de 7,8 millones de hectáreas extendiéndose a lo largo de ocho países de nuestro continente (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) representa una basta región del planeta, con un poco más del 5% del área continental mundial. En la actualidad, en la Amazonía habitan 400 grupos indígenas que hablan 300 lenguas y también hay presencia de colonos y campesinos.
Además de su importancia contra el cambio climático, por su capacidad de absorber CO2 y otros gases de “efecto invernadero”, la Amazonía es de vital importancia por ser la principal reserva de la biodiversidad mundial. En esta región está la mayor cantidad de diversidad de especies vegetales y animales. Respecto a las plantas, una de cada cinco especies que existen en el mundo está en la Amazonía; respecto a la fauna hay una variedad de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que no están en otro lugar de la tierra. Por último, la región Amazónica también es rica en recursos minerales: petróleo, oro, entre otros.
Hoy la Amazonía se encuentra bajo amenaza, amenaza que está ligada a la extracción indiscriminada de sus recursos naturales por parte de las grandes empresas (petroleras, madereras, agro industriales), por las empresas ilegales (narcotráfico, minería ilegal) y la acción u omisión de los Estados.
Para el caso peruano, de forma general se repite esta situación, con el agravante de la fuerza de los poderes fácticos y el precario e ineficiente rol del Estado. Ejemplo de esto es la reciente modificación de la Ley Forestal aprobada en el Congreso.
En el mes de diciembre del año pasado, con el pretexto de “promover el desarrollo del proceso de zonificación forestal” el Congreso de la República aprobó la modificación de la ley anterior -susceptible de mejorar en muchos aspectos- , que en alguna medida servía de mecanismo de control a la vorágine de las grandes empresas extractivistas y sectores ligados a actividades ilegales presentes hoy en la Amazonía peruana.
El proceso de modificación de la ley forestal se ha dado de forma bastante acelerada, sin un mayor debate, ni conocimiento de la opinión pública, sin la participación del Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) y sin ningún mecanismo de consulta previa con las comunidades indígenas (como lo dice la ley: libre, previo e informado). Es decir sin el debido proceso.
La modificación de la ley forestal se centra en dos aspectos: la designación de los bosques de producción permanente y la aprobación de la zonificación forestal. De acuerdo con la modificación estas tareas pasan del MINAM al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Con estos cambios, lo que va primar es un enfoque extractivista y mercantilista de la Amazonía frente a una mirada de derecho sostenible presente en la ley anterior.
La modificación de esta ley tiene como consecuencias inmediatas la vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas, como el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible y el incumplimiento con el contenido estipulado de diversos tratados internacionales: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Capítulo 18 del Acuerdo Comercial Perú – Estados Unidos.
Francisco Calí Tzay, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, señaló que: “la reforma en la legislación forestal representa un retroceso en la gobernanza forestal de Perú y da la espalda a los defensores indígenas y ambientales, quienes son asesinados por oponerse a estas actividades ilícitas”. Este retroceso del Estado “puede ser llenado por grupos criminales dedicados a la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico, promoviendo economías ilegales que destruyen el tejido social y socavan las instituciones públicas” recalcó1.
El Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) hace unos días emitió un pronunciamiento denunciando esta situación, responsabilizando al Congreso de semejante atropello y haciendo un llamado a la población y la Sociedad Civil a la movilización. Como dice el pronunciamiento estamos ante un ecocidio amazónico2.
Simultáneamente diferentes organizaciones en la región Huanuco constituidas como el Movimiento No a la Ley Anti forestal están organizando este sábado 23 de marzo un conversatorio: “Modificatoria de la ley forestal y sus implicancias en Huanuco”. Aquí se debatirá la importancia de los bosques andinos y amazónicos y la situación de las comunidades campesinas e indígenas en la región.
Finalmente, junto al CAP, otras organizaciones y comunidades vienen implementando proyectos productivos y ambientales demostrando que es posible un manejo y cuidado sostenible de la Amazonía, en particular desde la agroecología. Ejemplo de esto son los proyectos que viene desarrollando AgroSalud en Ucayali, promoviendo redes agroecológicas en sistemas alimentarios sostenibles y ambientes saludables. En este proyecto vienen participando diferentes organizaciones de productores de los distritos de Yarinacocha, Masisea, Manantay y Neshuya. Experiencias como esta demuestran que la agroecología es una alternativa para un manejo sostenible de los bosques. Otra Amazonía es posible.
1https://news.un.org/es/story/2024/01/1527437
2https://consorcioagroecologico.pe/pronunciamiento-del-consorcio-agroecologico-peruano-cap-ante-la-legalizacion-del-ecocidio-amazonico/
