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LA SEGUNDA REFORMA AGRARIA SIN VISIÓN DE FUTURO

#CAP - Noticias CAP noviembre 18, 2021

Nueva oportunidad perdida para transitar a un modelo de producción sostenible, capaz de enfrentar los retos del siglo XXI

La Segunda Reforma Agraria cuyos lineamientos acaban de ser aprobados, se sustenta en nueve ejes principales: la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, la compra pública de alimentos, el cuidado del agua, la asociatividad y cooperativismo, crédito para agricultores, otras medidas que resultan necesarias pero que no sustentan un cambio de visión en el modelo de producción convencional, es decir, más fertilizantes y plaguicidas sintéticos, con los consecuentes impactos en suelo, agua, biodiversidad, salud humana. 

El enfoque agroecológico y la sostenibilidad que se logró incorporar al discurso oficial y a las políticas del Midagri durante el mandado de Tenorio quedaron atrás. Es desconcertante que el Ministro Víctor Maita subrayara la necesidad de promover la producción orgánica en sus primeras declaraciones pero en la práctica y en la recientemente aprobada política está ausente.   

El Presidente del Consorcio Agroecológico Peruano afirma que se pierde una gran oportunidad de realizar la gran transformación productiva en el campo, sustentada en nuestra biodiversidad y en nuestras propias potencialidades productivas. Considera que en este contexto sólo queda que el movimiento agroecológico peruano siga en la lucha por el desarrollo de una agricultura que garantice la producción de alimentos saludables que conserve la biodiversidad y se adapte a las condiciones de cambio climático.

En julio del 2021, el movimiento agroecológico presentó un plan de 100 días para el sector agropecuario basado en evidencia. Las sucesivas crisis alimentaria, sanitaria, crisis del sistema alimentario no pueden soslayarse, aquí nuestros argumentos y propuesta:

  • La gravedad de la crisis ecológica y ambiental se expresa hoy en las áreas rurales en cambios de temperatura, modificación del clima de los ecosistemas, ruptura del ciclo hidrológico con abundantes lluvias y prolongadas sequías y erosión de recursos naturales (suelo, bosques, agrobiodiversidad) , lo que agrava la situación social y económica de cerca del 80% de agricultores familiares con menos de 5 ha y  que sobreviven en laderas y praderas alto andinas o en la ceja de selva y el llano amazónico.
  • El cambio climático incrementará su impacto negativo en las áreas rurales pobres, pero también en las áreas modernas de agricultura de exportación, si continúa la deforestación de la selva amazónica causada por la migración rural de agricultores pobres del área andina, se incrementa la tala para cultivos ilegales y la expansión de agroindustrias de monocultivos. Esta situación, agregada a la rápida desaparición de los glaciares andinos, se expresará en la reducción en 60% del agua dela oferta hídrica en los próximos 15 años.
  • Por ello el gobierno electo para el período 2021-2026 debe declarar al Perú en Emergencia Climática y Ambiental y redoblar los esfuerzos para reducir sus impactos en las áreas rurales y urbanas, mediante un agresivo programa de forestación y reforestación en áreas degradadas andinas y amazónicas, que cree empleo masivo para las comunidades campesinas y amazónicas titulares de esas áreas, y se complemente con proyectos masivos de siembra, cosecha y uso eficiente del agua de lluvia en las épocas de avenida, para su uso en las épocas de sequía, ampliando las cosechas a dos campañas agrícolas y mejorando los ingresos de las familias rurales.
  • La primera prioridad de la política de desarrollo agrario del Perú, debe ser el apoyo a la agricultura familiar campesina. Las 2.2 millones de familias rurales, el 80% con menos de 5 ha son los responsables del 70% de la producción de alimentos frescos en el país y la principal fuente de la agroindustria que abastece con el 30% restante la dieta nacional.
  • La agricultura familiar cuenta con un marco legal e institucional adecuado (un Vice Ministerio de Agricultura Familiar en el MIDAGRI, el Plan de Agricultura Familiar (PLANAF), una Comisión Multisectorial a cargo del PLANAF) pero no cuenta con recursos de inversión suficientes para aplicar dichas políticas, por lo que es indispensable  dotar de recursos al presupuesto del PLANAF y ampliar las Comisiones Regionales de Desarrollo Agrario (CEDRAS) para ejecutar el plan con enfoque de desarrollo  territorial concertando a MIDAGRI y los otros ministerios, los gobiernos subnacionales y las comunidades campesinas  en la ejecución del PLANAF.
  • Es estratégico impulsar el PLANAF con un enfoque de agricultura ecológica sostenible, para ampliar la oferta de alimentos sanos y libres de agrotóxicos, aumentar el número de familias rurales agroecológicas (hoy solo el 6.5% del total de agricultores familiares lo son) y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en las áreas rurales. Tal como lo afirmo el ministro Víctor Raúl Maita en su primera reunión con los gremios agrarios, la producción de alimentos ecológicos debe ser la columna vertebral de políticas de salud preventiva, que apuesten por la alimentación y la nutrición saludable para reforzar las estrategias de atención primaria de salud, refuercen el sistema inmune y reduzcan la pandemia de enfermedades no transmisibles surgidas de la malnutrición, que han causado el 85% de las muertes en la pandemia COVID 19.
  • Hasta hoy, las políticas agrarias oficiales de los últimas décadas han priorizado la agroexportación y la han apoyado con inversiones millonarias en infraestructura de riego, liberalización de comercio exterior, financiamiento público y privado, desgravaciones tributarias y flexibilidad anti laboral.
  • La segunda reforma agraria debe priorizar el desarrollo de la agricultura familiar en general y ecológica en particular, para junto con las propuestas reseñadas previamente, se fortalezcan las formas de organización empresarial cooperativa, se apoye la agroindustria alimentaria artesanal para agregar valor a la producción primaria y se creen líneas de crédito promocional desde un nuevo Agrobanco repotenciado.
  • Para implementar estas recomendaciones, es necesaria una Estrategia de Transición Agroecológica que aborde las urgencias de corto plazo con perspectiva de mediano y largo plazo, con las siguientes acciones mínimas:
    • Atender la emergencia alimentaria y sanitaria post PANDEMIA, impulsando la producción ecológica de alimentos y su acceso en áreas urbanas pobres con la Ley de Compras Estatales.
    • Gestión concertada y territorial del Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF) y del Plan Nacional de Agricultura Ecológica (PLANAE), estableciendo pilotos territoriales de producción orgánica en regiones con asistencia técnica y recursos financieros para acompañar la transición AE de las familias.
    • Promulgar el nuevo Reglamento del SGP recogiendo las opiniones de organizaciones de productores ecológicos y Gobiernos Regionales.
    • Formación técnica descentralizada orientada a la juventud campesina, potenciando las experiencias de yachachiks y similares desde Haku Wiñay
    • Retirar del mercado el uso de agrotóxicos dañinos a la salud, el medio ambiente y la agrobiodiversidad, estableciendo una política de reducción del uso de plaguicidas.
    • Abrir bioferias agroecológicas permanentes, impulsando el SGP con apoyo de ONG, gobiernos locales y gobiernos regionales.
    • Aprobar y aplicar el Reglamento de la Ley de Moratoria a los cultivos transgénicos y preservar la agrobiodiversidad nativa en los territorios.
    • Impulsar programas de empleo masivo rural  con proyectos de infraestructura verde (reforestación , revegetación, siembra y cosecha de agua, gestión de suelos)
    • Impulsar  una Base de datos georeferenciada de los agricultores familiares y de las Comunidades Campesinas e Indígenas.

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